ENTREVISTA JUAN BAUTISTA FUENTES

Por Carlos Aguirre

"ESPAÑA ES, ANTES QUE UNA NACIÓN POLÍTICA MODERNA, UN IMPERIO CATÓLICO”


Juan Bautista Fuentes es profesor de Antropología y Psicología en la Facultad de Filosofía de la UCM. Su obra, muy vinculada al marxismo, no para de evolucionar en la búsqueda de praxis políticas capaces de medirse con la trepidante expansión del capital y el nihilismo. Actualmente está embarcado en la preparación del libro Escritos metapsicológicos, un diagnóstico crítico y demoledor sobre la psicología contemporánea. En su despacho hablamos sobre las dos Españas y su compleja historia. Éstas fueron sus palabras.

Filosóficamente se te ha vinculado con la escuela de Gustavo Bueno. A raíz de la publicación de su libro España frente a Europa, tuviste un intenso debate con él. ¿Cuál es tu balance de ese debate?.

Ese debate me ha servido para darme cuenta de que en lo sustancial Bueno llevaba razón y yo no. Cuando Bueno escribió el libro quedé bastante perplejo porque advierto que hay un planteamiento de fondo que no es desde luego marxista. Personalmente quería todavía moverme en las coordenadas del materialismo histórico marxista y desde esta perspectiva intenté entrar en debate con él, reconstruyendo la historia de España desde el punto de vista del materialismo histórico. Creo que forcé hasta el límite las posibilidades interpretativas del materialismo histórico para entender la historia de España y darle una réplica a Bueno. A resultas de este intento, me acabé dando cuenta de que el marxismo no tenía en realidad capacidad para dar cuenta de la historia en general ni mucho menos de la historia de España. El análisis marxista, por su factura económica, aun cuando acaso sea el análisis económico más rico, sólo sirve para analizar el cómo del proceso de destrucción existente en la sociedad económica moderna y contemporánea pero, sin embargo, no sirve para dar razón de lo que se destruye en ese proceso. La crítica marxista de las ideologías puede desvelar hasta cierto punto cómo determinadas ideas pueden servir para encubrir, deformar y legitimar ciertos procesos como, por ejemplo, determinados procesos de explotación de unos grupos sobre otros, pero sólo si no se obvia el contenido objetivo de dichas ideas y, a la vez, no se reduce la complejidad de aquello que se supone que dichas ideas legitiman ideológicamente. Es decir, que tanto los procesos legitimadores como los legitimados tienen que tener el mismo tipo y grado de complejidad objetiva, lógica y real. Y lo que el marxismo pretende es explicar lo que entiende como mera “superestructura ideológica” por lo que supone como una “infraestructura económica”, pero de este modo sólo puede explicar, a lo sumo, cómo se va descomponiendo, por la creciente supremacía de lo económico, la sociedad moderna, pero no los contenidos antropológicos (políticos, sociales, morales) que se están destruyendo. En este sentido, el marxismo se convierte él mismo en una legitimación ideológica de semejante proceso de descomposición y desemboca a la postre, de un modo teórico y práctico, en la atmósfera del nihilismo.
En la medida en que en mi debate con Bueno yo pretendía hacer valer una interpretación marxista de la historia de España, mi análisis no podía llevar la razón. Bueno, sin embargo, partía de las grandes morfologías histórico-políticas vigentes en la historia universal y de España, y de la función metapolítica que dentro de estas morfologías tienen los diversos marcos teológico-políticos. Estos marcos y morfologías son precisamente los que se están destruyendo por el avance de la sociedad crecientemente económica. De este modo, Bueno destaca y reivindica el significado histórico-universal del marco teológico-político del catolicismo y del Imperio español en tanto que católico y, en ese sentido, su planteamiento es sin duda acertado.

Por lo que dices deduzco que compartes con Bueno sus análisis sobre España.

En principio, sí; pero sólo en principio, porque me parece que en Bueno se mezclan todavía desigualmente una concepción de la realidad histórico-política de España como imperio católico con una defensa actual de España que tiene algo de meramente (o abstractamente) estatal-nacionalista, y el caso es que ambos conceptos no terminan de encajar. Estoy de acuerdo con Bueno en que España es, antes que una Nación política moderna más, un Imperio católico, y ello ya desde su modo de articulación de los diversos reinos españoles durante la Reconquista y, por supuesto, durante su expansión americana. Ello quiere decir, básicamente, que su estructura política es la de una creciente coordinación, indefinidamente universal, asegurada por un tejido civilizatorio, básicamente político-jurídico, que asegura el apoyo político mutuo de unas unidades socio-políticas grupales dentro de las cuales se preserva a su vez siempre el apoyo social mutuo. Sólo, de este modo, puede conjugarse el respeto a las libertades y derechos propios de cada unidad, o sea de cada una de las “Españas”, con aquel tejido universal que garantiza el apoyo mutuo tanto intragrupal como intergrupal, o sea España como unidad imperial católica.

Por esto, la contradicción más dramática de la historia de España ha sido, a mi juicio, la de tener que constituirse como Estado nacional moderno, ya a partir de la dinastía Borbónica, pero más aún a partir del siglo XIX, debido sobre todo a la competencia y a la presión que llegó al ser colonial, de los estados nacionales modernos europeos de su entorno. El problema de España ha sido entonces el de cómo coordinar esta obligada condición de Estado nacional moderno con su fondo histórico, a mi juicio irrenunciable, de catolicidad política. En este sentido la malograda I República tenía algo muy interesante en su primer proyecto federal, pues me parece que su federalismo era la forma política estatal moderna más proporcionada y acorde precisamente con la estructura histórico-política de las Españas del Imperio español católico. Aquel federalismo enraizaba con el tejido sociopolítico de las Españas de una manera distinta al culto moderno al Estado centralista que introdujeron los Borbones, y que luego siguieron las diversas Constituciones liberales borbónicas distintas de la Republicana federal. En este sentido, me parece que la idea de República en España es una consecuencia de la federación, y no una imitación de las modernas Repúblicas centralistas de los Estados nacionales del entorno, o sea, me parece que la idea de la República española ha de ser la de una República “patriota” a la vez que “tradicional”.

En este sentido, aunque Bueno ha tenido, después de la caída del muro de Berlín, la innegable sagacidad filosófico-política de ponernos de manifiesto la dimensión histórico-universal del Imperio español en cuanto que católico, su pensamiento todavía está en alguna medida, que no es fácil de determinar, sujeto al culto moderno del Estado, y muy en particular a ese culto que culmina en la filosofía del Estado de Hegel, que es la que estuvo detrás de los totalitarismos fascistas y comunistas del pasado siglo. Y me parece que es esta idea de Estado la que todavía está detrás de su actual defensa de la unidad de la nación política española como una defensa que es, como decía, en alguna medida meramente, o abstractamente, nacionalista-estatal, y además de estirpe totalitaria. Y la cuestión es que ambos aspectos no sólo no engranan bien, sino que en realidad son completamente incompatibles.

Reivindicas por tanto la catolicidad, ¿en qué medida lo haces?

La reivindico, sin duda. Apelo a la relativa autonomía de la vida civil y a su consecuente prevención o cautela frente al Estado como un rasgo característico de la tradición del catolicismo civil y político y de la forma de organizar políticamente las sociedades católicas. La política, cuya finalidad es reequilibrar y estabilizar una y otra vez las tensiones sociales, no es posible si no se alimenta incesantemente de motivos metapolíticos. Y estos motivos metapolíticos beben a su vez en el tejido social, civil, cuando éste tiene la fe, y por ello la fuerza suficiente, como para poder comprometerse una y otra vez en la recomposición de sus propias crisis y fracturas. Esta fe, o motivación metapolítica, no mana originariamente del Estado, sino que éste la absorbe una y otra vez del tejido civil, y sólo de este modo puede contar con ella en su planes políticos. De aquí proviene a mi juicio la función metapolítica universal de la Iglesia católica. La Iglesia, en efecto, ha sido siempre una instancia intermediadora universal metapolítica capaz de alimentar la tensión entre política y metapolítica, y esto lo ha hecho siempre pactando con los Estados pero sin fundirse o subordinarse a ellos, al objeto de que éstos la permitan seguir ejerciendo su acción social y mantener vigentes las fuentes comunitarias de los motivos metapoliticos.

De aquí que en los países de tradición católica hayan sido siempre liberales, con un liberalismo sin duda anterior y distinto al liberalismo económico moderno, de raigambre por cierto protestante, al liberalismo de libre cambio o al de la libertad de explotación socioeconómica. El liberalismo católico es el de una sociedad civil que reclama una cierta autonomía frente al Estado en cuanto que confía en sus propia liberalidad, esto es, en su generosidad social, y que se sabe por ello fuente de legitimidad del propio Estado, y actúa siempre por tanto con cierta cautela o prevención frente al mismo.

Por esto, en España, justo cuando se insinúan, bajo la cobertura del Estado borbónico, las tendencias modernizadoras que quieren imitar el culto al Estado de los países de nuestro entorno, es cuando comienza a tener alguna fuerza el federalismo republicano (incluso con sus vetas anarquizantes, o aun con su caricatura tragicómica cantonalista), pero también el Carlismo y su reivindicación de los viejos fueros y de las viejas leyes. Todo esto se puede considerar como una reacción de la catolicidad civil frente a las prerrogativas de un Estado extraño a nuestra tradición. El Carlismo y el Federalismo republicano, en efecto, no obstante su enfrentamiento mutuo, respondían cada uno a su manera al espíritu de la catolicidad civil, y por eso no han sido en absoluto gratuitos, sino profundamente enraizados en la historia viva de España… Por esto en España toda forma de Estado nacional sólo será razonablemente estable cuando no traicione su fondo histórico de catolicidad política y su vitalidad civil liberal.

Has hecho una defensa del pacto federal de Pi i Margall. ¿Cuál es el valor de tal propuesta hoy en día?

Esto es lo grave: que en el contexto de la situación actual lo dicho ha de ser afirmado con todo tipo de precauciones, ya que las propuestas e intenciones de los nacionalismos fragmentarios contemporáneos surgidos a partir del siglo XIX son, más que una continuación del viejo federalismo republicano, o del viejo carlismo, una transformación pervertida, por resentida y vengativa, de aquellas tradiciones. Los nacionalismos fragmentarios contemporáneos, y no digamos en su estado actual, a raíz de la Constitución del 78, se han convertido en una forma renovada, y especialmente aguda, del clásico caciquismo español que, falseando radicalmente la historia de España y de sus propias regiones, han acabado por montar una red exclusiva de intereses políticos en beneficio propio y además en permanente estado de chantaje político-económico a la nación. Pero esto lo han podido hacer, a su vez, consentidos y amparados, como en un juego de espejos, por la incapacidad de España para resolver su problema histórico esencial de coordinar su tradición de catolicidad política con alguna forma adecuada de Estado nacional moderno. En este sentido, es cierto que el régimen franquista sí que tuvo su papel en la reproducción de este juego de espejos. El franquismo no fue propiamente un Estado fascista, pero sí un Estado autoritario fuertemente nacionalista y centralista notablemente preso del culto moderno al Estado. La propia expresión “Estado español”, que al parecer tanto gusta a los actuales nacionalismos fragmentarios, es una creación del régimen franquista. De este modo, el franquismo neutralizó y traicionó la tradición política española católica de la unidad de las Españas, y dio por ello pie a que los nacionalismos fragmentarios reprodujeran, como en un juego de espejos, la propia idea franquista moderna de Estado opuesta ahora al Estado nacional español como presunto derecho de cada una de las Españas. Pero no es menos cierto que al franquismo no puede atribuírsele ni los acontecimientos anteriores a dicho régimen ni la responsabilidad exclusiva de los posteriores. No es el franquismo desde luego el responsable, por ejemplo, del manifiesto odio racista (lo más contrario al espíritu católico) a todo lo español ya presente en el nacionalismo vasco desde Sabino Arana como resultado de la perversión del viejo foralismo carlista; ni es desde luego el responsable exclusivo, a lo sumo sólo el generador del caldo de cultivo, de lo que ha ocurrido después del franquismo a raíz de la Constitución del 78. La Constitución del 78 es, en efecto, desde el punto de vista jurídico-político autonómico, constitutivamente ambigua, y da pie por ello a un interminable juego político-económico de transferencias de competencias que hace posible la más completa falta de solidaridad y lealtad entre los territorios autónomos, y entre estos y la nación. Y ello hasta un punto en que muchas veces uno tiene la impresión de que los actuales nacionalismos fragmentarios buscan, incluso los que se reclaman independentistas, desean más que la independencia o la secesión de España, tener sometido su marco jurídico-político autonómico a una calculada y continua violencia que haga posible un chantaje económico-político interminable.

Pero esto es justo lo contrario de lo que hubiera podido ser, después del franquismo, una España federal que, aun basada sobre la ficción jurídica de la autodeterminación de las unidades políticas federadas (como ficción era el “pacto sinalagmático y bilateral”, de Pi), hubiera podido soldar jurídicamente, y por ello asegurar en lo posible, la lealtad mutua entre las nuevas Españas federadas. Pero esto no se hizo, y como consecuencia de ello, la situación actual es a mi juicio muy grave. Una vez más parece que de esta situación sólo podrá salirse si la sociedad civil entra en un estado de alerta capaz de seleccionar e impulsar aquellos políticos dotados del suficiente sentido de la responsabilidad nacional —patriótica y tradicional—, como para advertir cuál ha sido y sigue siendo el moderno “problema de España”.